“El presidente no puede y no debe designar magistrados por decreto”

“El presidente no puede y no debe designar magistrados por decreto”

El exjefe de Estado y expresidente de la otrora Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez Veltzé, subrayó que el mandatario Luis Arce no tiene las atribuciones constitucionales de ampliar el mandato de los actuales magistrados del Órgano Judicial, ni elegir a interinos por decreto supremo. Además, le llama la atención el ‘curioso’ silencio de Luis Arce y David Choquehuanca. Asimismo, lamentó la dilación del proyecto de ley de las elecciones judiciales en la Comisión de Constitución, lo que calificó como un despropósito.

 ¿Qué opina del retraso que hay en Diputados para tratar el proyecto de ley de las elecciones judiciales?

Creo que es un despropósito de la Comisión de Constitución y del conjunto de la Cámara de Diputados, sobre todo de aquellas bancadas que no corresponden al esfuerzo que hizo el Senado al tratar con la debida diligencia y, sobre todo, por aprobar con unanimidad el cumplimiento de una norma constitucional que los obliga a tomar decisiones para la preselección de candidatos, de manera que, insisto, es un despropósito, es una muy desafortunada actuación que tiene esa comisión que no da muestras de responsabilidad democrática.

¿Cree usted que haya un interés del Gobierno de Luis Arce que no se realicen las elecciones judiciales?

Eso lo tiene que preguntar al presidente Luis Arce que guarda un curioso silencio. Se pronuncia sobre cualquier otro tema, menos sobre un tema de Estado. Quiero subrayar que estamos hablando sobre la conformación de un órgano de poder. Este no es un tema de elegir simples administradores, estamos hablando de la conformación de uno de los principales órganos de poder público.

Al actuar con estas dilaciones, como la de remitir consultas, lo único que hacen es provocar el desconcierto de la población que está esperando que la Asamblea Legislativa termine su tarea. Francamente, me encuentro absolutamente desconcertado y decepcionado de que la tan auspiciosa decisión del Senado, ahora se vea obstaculizada.

¿El presidente puede nombrar magistrados interinos o ampliar el mandato de los actuales?

No. Está explícitamente prohibido por la propia Constitución, que señala que ningún órgano de poder puede tomar las atribuciones de otro. Si ocurrió en el pasado, ese error no puede repetirse y menos ahora cuando no concurre ninguna causa de justificación para que un consenso aprobado por una de las cámaras y por unanimidad no pueda llevar a término la elección. No. El presidente Luis Arce no puede y no debe hacerlo por decreto.

¿Qué pasa si hasta el 31 de diciembre no se cambian a los magistrados del Órgano Judicial?

Las consecuencias son muy claras. Los actuales magistrados cesan en su mandato, no habrá autoridades que cumplan funciones jurisdiccionales en esos niveles de tribunales. El resto podrá seguir funcionando y para esa eventualidad, precisamente, el Senado había previsto la suspensión de plazos procesales hasta que se elijan en un periodo adicional que era alrededor de un mes. Este no es un tema político, este es una fractura a la continuidad al servicio en favor del ciudadano.

¿Habrá un vacío de poder?

No lo pondría en esos términos. No sería la primera ni la última vez que hay suspensión de actividad jurisdiccional. Esto se dio en el pasado. Habrá una demora, pero no será indefinida porque la obligación de la Asamblea Legislativa no se extingue por la irresponsabilidad de una comisión o de una bancada que decide no cumplir con su deber constitucional.

¿Usted cree que Luis Arce busca tener bajo su dominio al Órgano Judicial, como dicen la oposición y los ‘evistas’?

No puedo asegurarlo porque no soy parte de este entramado político, pero, así parece, ¿no? Estas dilaciones injustificadas pueden dar lugar a estas especulaciones. En mi experiencia, como expresidente del Estado y como expresidente de la Corte Suprema de Justicia, lo que puedo significar es que hace muchos años se hacía más que evidente y necesaria una transformación del sistema judicial.

Vía: EL DEBER

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