Testigo protegido antes de morir dejó un video, conozca su relato del caso coima en la ABC

Nadie hubiera imaginado que Felipe Sandy Rivero, el testigo protegido en el caso “coima” en la ABC, dejó un video de 25 minutos en el que ratifica la presunta corrupción en la adjudicación del tramo carretero Sucre-Yamparáez por la empresa china Chec.

Sandy murió supuestamente en un accidente de tránsito en Miami, según reveló el ministro de Justicia, Iván Lima, la pasada semana. Un dato que no era público, ni siquiera la Fiscalía a cargo de la investigación había develado.

El diario El Deber difundió la noche de este martes un video de 25 minutos que grabó Sandy Rivero, en el que da detalles sobre cómo lo contactó el representante legal de la empresa china; las irregularidades del proceso de adjudicación; además denunció que fue víctima de las amenazas y persecución del Ministerio de Justicia.

Se conoció el material audiovisual grabado en enero de 2023 después que Lima develó el nombre del testigo protegido, y que este había sido demandado por la China Harbour Engineering Company (CHEC) por el delito de extorsión.

El relato del “testigo” empieza así: Manifiesto del “testigo protegido”. Me llamo Felipe Sandy Rivero y soy el testigo protegido del caso ABC. La ANF ha transcrito su declaración:

En febrero de 2021 el señor Jin Zhengyuan, representante legal de Chec (…), me contactó por primera vez no habiendo tenido contacto alguno hasta entonces con él y con su empresa teniendo como referencia el trabajo previo que yo había realizado con distintas instituciones en el campo de las hidrovías”. Tras acordar una cooperación y tras meses de gestiones en las que coordiné y participé personalmente en reuniones con Chec, el ministro de Obras Públicas, el embajador de la China, el vicepresidente del Estado, entre otros, pudo “obtener una promesa de donación del gobierno chino hacia el gobierno boliviano para la prospección y estudio de las hidrovías”.

Gracias a esa buena gestión el señor Jin me pidió que lo asista en las reuniones y negociaciones para el proyecto carretero Sucre-Yamparáez, consistentes en: 1) relacionarlo con los actores locales de Sucre, “para lo que gestioné reuniones con la Cadeco, Fancesa y Concretec; 2) negociar subcontratos y compra de material, para lo cual se contactó y negoció con distintas empresas y proveedores; 3) negociar una posible alianza con la Empresa Estratégica Boliviana de Construcción Civil. En ningún momento tuve contacto directo con miembros de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), ni intervine en el proceso licitatorio de carretera.

En el transcurso del trabajo realizado por mi persona y en la confianza con Jin y Chec fui testigo de actos irregulares entre enero y abril de 2022, cometidos entre Chec a través de Jin y funcionarios de la ABC.  

Entre abril y mayo de 2022, contraté a abogados para reclamar mis honorarios por mi labor en el proyecto de hidrovías, y otros también para analizar y preparar una potencial denuncia por los actos de corrupción presenciados.

Una vez constatados los ilícitos con mis abogados se vio la necesidad de preparar un caso contundente para denunciar estos casos de corrupción.

El 10 de junio de 2022 me comuniqué con los superiores jerárquicos del Jin Zhengyuan en la China informando de la situación, sin haber recibido respuesta alguna.

Entre junio y julio de 2022, tanto yo como los abogados presentamos el caso a autoridades de Gobierno en distintas instancias, llegando hasta altas autoridades de la presidencia y la vicepresidencia, a efectos de que el caso se pueda resolver con discreción y sin escándalo público. Al no haber recibido respuesta alguna ni de las autoridades del gobierno chino ni de as autoridades del gobierno boliviano, se decidió acudir al diputado del MAS, Héctor Arce, que en ese momento había ganado cierta prominencia con denuncias en contra la corrupción. Todo ello con la finalidad de lavar los trapos sucios en casa.

En ese momento, por lo menos a los ojos del público el MAS era un partido unitario y unido. De esa manera el diputado acompañado por nuestros abogados presentaron el caso en audiencia pública a la ministra de la Presidencia, el 12 de agosto de 2022. Lo cual fue recibido con inacción y oídos sordos.

Por ese motivo, ante la pasividad absoluta de autoridades chinas y bolivianas, se decidió con el diputado Arce formalizar la denuncia ante el Ministerio Público a finales de agosto, para lo cual, mi intervención testifical era fundamental para que el caso sea admitido.

Previo análisis y reuniones con la Fiscalía General, la departamental de La Paz, los fiscales superiores y la comisión de fiscales se determinó que correspondía otorgarme el estatus de “testigo protegido”, de acuerdo a la Ley 458 de protección de denunciantes y testigos. Protección se otorgó el 30 de agosto de 2022.

(…) Esta iba a ser mi sentencia de muerte. En el marco de esa supuesta protección presté mi declaración respecto a los hechos irregulares que había presenciado y conocido puedo resumir en cuatro:

Primero, la alteración y el cambio de documentación en las carpetas de la licitación para la adjudicación. “Este extremo se confirmó, aparte de mi testimonio y pruebas aportadas, con la declaración del miembro de la comisión calificadora que apellida Chura Hidalgo.

Leo una parte de esa declaración: “El día 6 de enero de 2022 el licenciado William Mamani, jefe administrativo financiero nacional de la ABC me llama desde un celular desconocido para que nos reunamos en el residencial Bolivia, me da una contraseña para que ingrese a la habitación: la contraseña era hoy. Le dije a los chinos que en la propuesta técnica había un error en dos páginas y me retiré de la habitación. Antes de retirarme, les dije que si no cambiaban esas hojas de la propuesta técnica no ganarían. Entonces, ellos dejaron en sobre cerrado las dos hojas, voy por la tarde, lo recojo y lo llevo a la comisión de calificación para poder ubicar y tener listo ya el informe de la comisión y pasarlo al responsable del proceso de contratación. Todo esto con consentimiento de toda la comisión”.

Punto número dos. La alteración y el cambio del poder para la firma del contrato. “Este extremo se confirmó, aparte de mi testimonio y pruebas, con la declaración pública del ministro de Justicia el 15 de septiembre de 2022. Leo textual la palabra del ministro: “El consorcio de las empresas chinas tuvo que haber presentado los documentos a fines de diciembre, la ABC ha evaluado los documentos el 5 de enero, y en realidad, esos documentos recién salen a la venta al público el 26 de enero, documentos notariales, mucho tiempo después. Esto prueba y demuestra que la documentación que ha sido evaluada por la comisión ha sido adulterada”, detalló Lima en conferencia de prensa de esa fecha.

Tercero, la suscripción de un contrato ficticio y la operación de lavado de dinero para materializar en efectivo la coima. Extremo que se confirma con el siguiente informe de la Fiscalía de La Paz cargo del proceso: Llegamos a la conclusión de la inexistencia material de dicha empresa que emitió las facturas por más de 14 millones de bolivianos a favor de dos empresas chinas: CCCC y Chec, hechos que establecen la comisión de lavado de activos (…), prestación ficticia de servicios profesionales y comercio informal, ausencia de respaldos que sustenten la generación de ingresos y uso de empresas (..), estableciendo así la comisión del hecho atribuido al ahora encausado de nacionalidad china, Jin Zhengyuan, que suscribió un contrato de prestación de servicios ficticio, con una empresa unipersonal de propiedad de Jesús Esteban Aguilar Suxo, sobre un supuesto alquiler de maquinarias pesadas y otras, contrato que tenía por objeto justificar el retiro total de más de Bs 9 millones, mediante la emisión de cheques firmados por el representante legal de Chec y CCCC, desconociéndose el destino de dicho monto retirado de forma irregular.

Cuarto. La entrega de la primera parte de la coima, que era un total de 18 millones de bolivianos. Es decir, 9 millones de bolivianos, a funcionarios de la ABC. La Fiscalía, pese a tener fuertes indicios sobre este extremo, decide ni siquiera investigar por claras presiones y compromisos políticos. En resumen, la totalidad, el 100% de los extremos que el testigo protegido declaró y que se investigaron, se comprobaron y resultaron ser ciertos y verídicos y verídicos.

El cuarto extremo sobre el que se testificó, la entrega de la coima “no se pudo comprobar porque la administración de justicia, pese a existir fuertes indicios, decidió que eso ni siquiera se debía investigar, lo cual es consecuencia directa de clara presión del poder político, en un afán de proteger a los verdaderos autores de estos crímenes y negar los hechos.

Dada la contundencia de las denuncias, las pruebas y el aporte indispensable del testigo protegido, el Ministerio de Justicia se vio obligado a cambiar su postura. De una que negaba los hechos a otra que los admitía de manera abierta. Liderando dicho ministerio una estrategia para dejar en impunidad a los verdaderos autores de los delitos y sacrificar a los peones y a los más débiles, dando ilegal continuidad a una obra que se adjudicó y firmó en base a hechos aceptados y comprobados de corrupción (…).

La carretera Sucre-Yamparáez ya no debe ser conocida como la carretera del bicentenario, sino como la carretera de la corrupción y la vergüenza de Sucre.

El ministro Lima, con el objetivo de distraer la atención de la población, se dedicó a hostigar y perseguir al testigo protegido, solicitando en dos ocasiones la identidad del mismo. En ambas ocasiones estos pedidos fueron denegados por la Fiscalía. Estos actos ya de por sí, constituyeron en una clara violación a la Ley 458 de testigos protegidos y a la normativa de lucha contra la corrupción y de testigos protegidos. Esa ley ya no vale para nada, ya no sirve”.

Sin embargo, eso no detuvo los actos de persecución del Ministerio de Justicia, que acudió a otras instancias de chicanería jurídica para intentar involucrar y perseguir al testigo protegido, para revelar su identidad y atacarlo, argumentando que un testigo ve los hechos de lejos, como si fuera un accidente de auto, cuando en realidad la ley 458 se crea para situaciones específicas como los casos de corrupción, donde el testigo, por la misma esencia de los hechos, tiene una cercanía especial a los autores y delitos presenciados, y requiere una especial protección.

De esa manera el testigo protegido y su entorno cercano fueron víctimas de amenazas incesantes, amenazas que son registradas en el programa de protección de testigos de la Fiscalía, llegándose al extremo en el que los abogados denunciantes fueron atacados con una bomba en las puertas de su oficina el 12 de diciembre de 2022 (…).

El mismo diputado Héctor Arce, en conferencia de prensa el 6 de septiembre de 2022 declara públicamente también haber sido víctima de amenazas y amedrentamientos dirigidos a su persona y a su familia. Si un diputado nacional que goza de protección y fueron de inmunidad advierte que su vida corre peligro como consecuencia de esta denuncia, sin la menor duda la situación del testigo protegido será mucho más grave. La vida y seguridad del testigo protegido se han visto seriamente amenazadas, ante la injusta, ilegal y cobarde decisión del ministerio de Justicia de darle persecución judicial, inviabilizando y desvirtuando el mismo espíritu de esta norma, que se ha constituido en un facilitador de mecanismo de persecución judicial contra denunciantes y testigos, con el único efecto de atemorizar a la ciudadanía.

Mi identidad fue conocida por parte del Ministerio de Justicia y del Gobierno desde el primer día que formalicé mi declaración, y desde el primer día he recibido amenazas incesantes.

Como consecuencia de esta injusta e ilegal persecución y amenazas en contra de mi vida, me vi obligado a salir del país de manera urgente, quedando en una situación de extrema angustia y dificultad (…)

Pude haberme quedado callado y resignado a un exilio forzoso y a los abusos de nuestra justicia que ya conocemos todos y a los que estamos acostumbrados. Sin embargo, se hizo latente y evidente una alianza y acuerdo entre actores del poder político de Bolivia, con actores del poder político de la China, para dar persecución al testigo protegido, como elemento más débil del proceso. Que de una manera totalmente infundada y cobarde intentar inculparlo de los actos delictivos ya conocidos por toda la población boliviana, que fueron cometidos por sus propios agentes.

Ante este acto de imperdonable cobardía, yo no me puedo quedar ni callado ni con los brazos cruzados. A veces ser hombre significa pelear y hacerle frente a los abusivos aun cuando sabes con certeza que serás derrotado. Por lo tanto, he tomado las siguientes acciones:

El testigo protegido denunció en entidades internacionales 

Primero, he denunciado el caso ABC ante el Comité de Prevención de Prácticas Prohibidas de la CAF, al ser el proyecto de corrupción, financiado por este organismo internacional. He puesto en conocimiento este caso ante ONG internacionales como Transparencia Internacional y otras. Por último y como medida más contundente, he entablado una denuncia y cooperación con el FBI en Estados Unidos para la investigación y persecución judicial de este caso, pues en este caso el Ministro de Justicia boliviano dijo de manera acertada en conferencia de prensa, que estas empresas chinas tienen presencia a nivel mundial y participan en los principales mercados financieros, incluido en norteamericano, por lo que la ley de prácticas corruptas en Estados Unidos le da plena competencia al FBI y al Departamento de Justicia de EEUU de investigar y castigar el presente caso.

Lo que pareciera ser un acto aislado de corrupción en territorio boliviano, se convierte en un caso internacional y de relevancia mundial, agravándose el hecho al haber participado de manera directa agentes y empresas del gobierno chino. Téngase como antecedente el caso Lava Jato.

(…) Qué indigna que es la justicia en nuestro país y qué indigno es para un boliviano tener que salir de su país para encontrar justicia. Como bien has dicho Carlos Valverde, puta que es difícil ser boliviano.

Quiero aclarar que no soy político, ni milito e n ningún partido político, nunca me reunión con Luis arce, ni con evo morales, no so renovador ni radical (…)

Esta denuncia nunca tuvo la intención de debilitar la gestión de Luis Arce. Prueba fehaciente de ello fue que me tomé varios meses intentando que esto se solucione en casa. Acudí a un diputado del oficialismo y no de la oposición, nadie puede acusarme de querer desgastar o atacar a alguna facción. Nadie puede dudar de la veracidad de esta denuncia.

Grande fue mi sorpresa que este caso pasaría a la historia no sólo por ser el caso de corrupción más grande de la gestión de Luis Arce, sino que fue un caso que develó a la ciudadanía un secreto que pocos sabían: que existía un divorcio dentro del masismo, un divorcio que dio inicio a una guerra fratricida dentro del partido político oficialista.

El 16 de septiembre de 2022 el ministro de Justicia salió en conferencia de prensa y afirmó que ‘la hipótesis que tenemos es que el testigo protegido es una persona que no ha recibido su parte de la torta de corrupción que se estaba repartiendo’. Sin embargo, el ministro sale un mes después del 14 de octubre como si fuera fiscal o juez, y se contradice, diciendo que al final no se había pagado la coima a la ABC y que milagrosamente los chinos hicieron aparecer la plata, un insulto a la inteligencia del pueblo boliviano. Esa afirmación en sí contradice su propia hipótesis. (…)

Me he visto obligado a salir de mi país, pero no soy ningún delincuente, no tengo por qué sufrir el suplicio del exilio, por ello contactaré a la misión diplomática más cercana al lugar de mi residencia e informaré de mi retorno al país pero ese retorno será bajo mis condiciones y mis términos. No pienso ser usado como un trofeo falso de una justicia corrupta ni tener que vivir un viacrucis de abusos judiciales por haber cumplido mi deber ciudadana de denunciar la corrupción. Antes muerto.  

Detrás de este caso no se puede negar que ha habido y habrá una gran tragedia humana, que todo ese sufrimiento y dolor sirva para que todos los bolivianos reflexionemos y decidamos si vamos a vivir para siempre subyugados bajo un sistema judicial a la orden del dinero y el poder político y no así de sus ciudadanos y de la justicia.

Felipe Sandy Rivero.

Enero de 2023

/NVG/

Fuente:ANF

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