Katherine (38) carga en sus brazos a su hija (3). El cansancio y la frustración se perciben en su rostro, mientras espera al funcionario de un juzgado para notificar a su expareja. Y cuenta que pasó un año desde que peregrina para pedir asistencia familiar.
La mujer relató a La Razón que son innumerables los pasos que siguió para que el padre de su hija cumpla con su obligación de manutención de la niña Y, a pesar de que cumplió con casi todos los requisitos, continúa en la lucha para reclamar el derecho de su hija por un monto que llega a no más de Bs 472.
Y es que ése es el monto mínimo que la Justicia fija a un hombre o mujer para la asistencia a sus hijos. En el caso de Katherine es porque el padre de familia no cuenta con una fuente laboral.
La mujer relató que siguió un largo y sinuoso camino debido a varios requisitos que se exigen y que las mujeres deben cumplir para solicitar la asistencia familiar.
La falta de información, el cambio constante de funcionarios de los servicios legales integrales municipales (cuando el o la demandante no cuenta con recursos económicos para contratar un abogado) y los cobros para notificar a la parte demandada son solo algunos de los percances por los que atravesó Katherine y por los que pasan cientos de mujeres.
Para las madres que tramitan la asistencia familiar, una de las dificultades es que los padres, al abandonar a su esposa y a sus hijos, deciden esconderse y no se los puede encontrar en las direcciones que registran para esos fines. Frente a esta situación, no se puede notificar la sentencia y ésta, por ende, no se hace efectiva. Por eso, la búsqueda de la persona que debe pagar la asistencia familiar puede demorar varios años.
Otro caso que conoció el diario La Razón en un recorrido en los juzgados de familia es el de Patricia. Ella contó que luego de su separación, el hombre no se hizo cargo de los gastos de su hijo de 10 años de edad. “He comenzado los trámites en junio de 2023. El primer tropiezo que he tenido es en el SLIM (Servicio Legal Integral Municipal). A pesar de que me pidieron presentar los requisitos pegados en una pared, cuando lo hice me dijeron que no eran esos y se confundieron en informarme”.
Contó que otro percance fue que desconocía el domicilio del padre de su hija, por lo que le pidieron presentar un memorial para pedir esta información en el Servicio General de Identificación Personal (Segip); tuvo que esperar cerca de un mes, mientras los gastos de manutención de su hijo se sumaron debido a una enfermedad que contrajo el menor.
Finalmente, Patricia presentó todos los documentos en un juzgado de El Alto, pero como su expareja reside en la ciudad de La Paz le derivaron a un juzgado de esa ciudad para hacer la notificación al demandado. Allí tropezó con otro problema, la falta de personal, ya que había decenas de mujeres que intentaban agendar fecha para seguir con el proceso.
Luego de tres meses, al fin logró conseguir hora y fecha. Acordada la cita, se presentó el día que le agendaron, pero no era la única que debía notificar, también otras seis mujeres. Todas fueron en un vehículo y al finalizar el “actuado”, cada una debía pagar entre Bs 40 y Bs 50, y aumentar Bs 10 si es que el demandado no estaba en su casa. Ese monto de dinero era para pagar al testigo, que en este caso era el chofer del vehículo contratado por el notificador.
“Al finalizar la notificación me pidieron 100 bolivianos; 40 por el servicio del taxi, 10 para ‘reconocer’ al chofer, que fue testigo de que se dejó la notificación, y 50 bolivianos para que el notificador elabore el informe”, relató Patricia.
SUPLICIO.
Pero el vía crucis no termina ahí, porque luego de recoger el documento del juzgado de La Paz debía llevarlo al juzgado de El Alto, pero desconocía que debía presentar con un memorial.
“Sin el ánimo de justificar los cobros en el sistema judicial”, la abogada Nataly Zúñiga, experta en Derecho Familiar, afirmó que la debilidad en ese órgano es la falta de personal y recursos; es por esa razón que el demandante debe correr con algunos gastos.
Zúñiga afirmó que en el caso de las personas que tienen la posibilidad de contratar los servicios de un jurista es necesario que lo hagan con un experto o experta en el área, toda vez que hay abogados que desconocen de los procedimientos que se deben seguir y esto deriva en la demora en los procesos e implica mayor gasto de recursos económicos.
“Otro problema es el mal asesoramiento de los abogados que desconocen de los procedimientos para pedir la asistencia familiar. Al final, la gente deja el proceso porque tardan más. Otros abogados mandan a sus clientes a hacer los trámites a los juzgados y varias personas desconocen lo que tienen que hacer”, explicó la jurista a este diario.
Según la ley la asistencia familiar se fija en un monto no menor al 20% del salario mínimo nacional. Hasta abril de 2023, la base era de Bs 450, ya que el salario mínimo era de Bs 2.250. Sin embargo, con el aumento del salario mínimo nacional a Bs 2.362, la asistencia no puede ser menor al 20% de ese monto.
Si una mujer necesita el aumento de ese monto mínimo, debe demostrar, con documentos, que el padre de su hijo o hija tiene una fuente laboral con la cantidad de recursos suficiente que percibe, lo cual demanda de otros trámites, como un orden judicial.
“Pero las obligaciones de manutención deben ser compartidas. Si se hace un cálculo de los gastos del niño o niña, éstos deben ser compartidos. Si se gasta 1.000 bolivianos, el demandando debe pagar la mitad y la madre la otra mitad; así lo dicen las normas”, explicó Zúñiga.
Una vez que un demandante atraviesa por todo un vía crucis para lograr la asistencia familiar, debe esperar a que el demandado dé cumplimiento; caso contrario, debe hacer otros trámites, como la publicación de edictos que deben ser publicados en un medio de comunicación escrito. Luego de cumplir este procedimiento, debe solicitar al juez un mandamiento de aprehensión.
En el país, hasta diciembre de 2023, la Dirección de Régimen Penitenciario registró un total de 634 privados de libertad por incumplimiento con la asistencia familiar. De esa cifra, 614 son varones y 20 mujeres.
La Paz, Santa Cruz y Cochabamba son los departamentos que concentran la mayor cantidad de privados de libertad por incumplimiento de la asistencia familiar. Ver cuadro.
Los hijos tienen derecho a recibir asistencia familiar hasta que cumpla la mayoría de edad, 18 años, que podrá extenderse hasta los 25 años siempre que se demuestre que continúan con sus estudios para la obtención de una profesión u oficio.
La asistencia familiar debe cubrir las necesidades básicas del hijo o hijos en relación a salud, alimentación, educación, vestimenta, vivienda y recreación. Y debe otorgarse de acuerdo a su ocupación, trabajo y las ganancias, del padre o madre y de las necesidades de los hijos.
Una ley propone endurecer sanción contra deudores
El Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, presentó en agosto de 2023 un proyecto de ley que establece mecanismos para asegurar el pago de la asistencia familiar y restricciones para las personas deudoras, como en el acceso a cargos públicos y trámites, además de condicionamiento en los créditos bancarios.
La viceministra de Igualdad de Oportunidades, Nadia Cruz, explicó a La Razón que la decisión de proyectar la norma surge luego de advertir una “desnaturalización” del pago de asistencia familiar.
Sin embargo, dijo la viceministra, otro tema delicado es que a raíz del pedido de este derecho a través de la Justicia se registraron casos de feminicidios e infanticidios.
“Pese a existir resoluciones judiciales de determinación de asistencia familiar, hay personas obligadas que no cumplen. Ante este incumplimiento se ve la necesidad de solicitar la ejecución de la asistencia familiar en los estrados judiciales, generándose en una primera instancia violencia contra los que exigen el pago, en su mayoría las mujeres, que son agredidas y hasta víctimas de feminicidio e infanticidio en el intento de exigir el cumplimiento del pago de asistencia familiar”, explicó la viceministra Cruz.
Señaló que desde 2014 hasta julio de 2023 hubo un total de 1.142 casos de feminicidio en el ámbito nacional y 467 infanticidios, “dentro de los cuales se identificaron causas relacionadas con la exigencia de la asistencia familiar por parte de las víctimas para sus hijos”.
En ese marco, Cruz señaló que la norma busca precautelar el derecho a la vida integridad, “pero por sobre todo a que se cubran las necesidades básicas de las y los beneficiarios”.
El proyecto de ley modifica el procedimiento de liquidación y crea el Registro Nacional de Asistencia Familiar (Renaf) y tiene 10 puntos, entre ellos la restricción de acceso a un cargo público de cualquier Órgano del Estado o nivel de administración, sea mediante elección, designación, nombramiento o contratación.
En caso de que se verifique que un servidor público tenga un segundo registro como deudor en el Renaf, la autoridad judicial de oficio ordenará la retención del sueldo o salario. Ver cuadro.
El pasado miércoles, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados aprobó la norma. Con este paso, el proyecto de la ley avanza a su tratamiento legislativo y luego su promulgación para su aplicación.
Via: La Razón
